Si funciona, no lo arregle

Luis Larraín

El título de esta columna es uno de mis dichos favoritos, muy popular entre los anglosajones y cada vez más desoído entre los políticos chilenos.

Una de las consecuencias más importantes del cambio climático para nuestro país es la disminución de las lluvias y el desplazamiento geográfico de éstas al interior de nuestro territorio. Producto de ello, la escasez hídrica empieza a ser un problema en varias localidades. Respondiendo a este fenómeno, varios agentes productivos han reaccionado oportunamente, buscando fuentes alternativas de agua. El caso más notable es el de la minería.

Como lo consignó recientemente El Mercurio, según un catastro realizado por el MOP en los últimos años, se registra el funcionamiento de 24 plantas desaladoras a partir de agua de mar, mientras otros 22 proyectos se encuentran en diferentes etapas de avance. Si bien la minería ha sido pionera, dado que sus instalaciones se encuentran preferentemente en la zona norte que siempre ha tenido problemas de suministro de agua (el agua de mar ya representa el 20% de toda el agua que se utiliza en esta actividad), la industria se ha ido sumando a esta tendencia.

De esta forma, el problema de la escasez hídrica, al menos para actividades industriales y mineras, tiene una vía de solución. El costo de desalar ha ido disminuyendo, llegando a un dólar por metro cúbico a nivel del mar, aunque se incrementa a medida que nos alejamos de él. Así, se estima que en diez años más el agua de mar desalada cubrirá el 43% de las necesidades de agua de la actividad minera. Sólo la Mina Escondida ha invertido más de 4.000 millones de dólares en plantas desaladoras sin que esto le cueste un solo peso al Estado de Chile.

Estas soluciones se están gradualmente extendiendo a otras áreas y necesidades. La CAP construyó una planta desaladora para su proyecto minero de Cerro Negro en Copiapó, pero también usa agua de esa planta para el consumo de los habitantes de Caldera a través de la empresa Aguas Chañar, y para actividades agrícolas entregando agua a los regantes del canal Mal Paso.

Hasta aquí todo bien, pero hay que encender las alertas. Algunos parlamentarios han decidido intervenir en el asunto y su prioridad parece ser que se declare bien de uso público el agua desalada.

¡Como si se fuera a terminar el agua de mar! ¡Como si transformar esa agua en agua apta para consumo humano o para actividades industriales o mineras fuera gratis! ¿Hasta cuándo tendremos que seguir aguantando la estupidez de algunos políticos?

El senador Felipe Harboe, en una propuesta menos delirante, pero igual muy discutible, quiere crear una empresa público-privada; o bien una empresa privada, con giro único, no del rubro sanitario, que se dedique sólo a desalación. ¿Por qué ese constructivismo? El senador cree que él tiene una mejor solución que la que espontáneamente se está dando y está resolviendo los problemas. Las empresas privadas que desalan para proveer a sus propias faenas de agua no requieren intervención alguna del Estado ni los políticos.

Sólo si el consumo humano o el agua de riego agrícola requiriera mayor aporte de aguas desaladas, el Estado podría pensar en alguna intervención, que seguramente sería más eficiente si se hace a través de algún subsidio y no definiendo la organización industrial del sector. Hasta aquí, sin la intervención de los políticos, la desalación ha contribuido a resolver nuestros problemas hídricos. Las intenciones que muestran de regular estas actividades levantan una voz de alerta: si funciona, no lo arregle.